Wert pretende con la LOMCE acabar con el "concepto abusivo e invasivo de comunidad escolar" y favorecer la concertada a través de la "libertad de elección"

eldiario.es: Wert, en la FAES en 2010: "La comunidad educativa no puede ser democrática"

El ministro de Educación pergeñó hace dos años, en el campus de verano de la fundación de Aznar, las líneas maestras de la reforma educativa que consideraba necesaria, incluyendo la recentralización de competencias

Cualquier cosa menos sorprendente. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se viene revelando como uno de los miembros más controvertidos del gabinete de Mariano Rajoy. Protagonista de episodios como su apuesta por "españolizar" al alumnado catalán, Wert llena estos días de nuevo las páginas de los periódicos con su polémica reforma educativa, la ley con la que propone, entre otros aspectos, reducir las lenguas cooficiales a un papel residual en la enseñanza u obligar a las autonomías bilingües a pagarles colegios privados a las familias que rechacen que sus hijos e hijas estudien en un idioma diferente del español. Parte de estos planes no son nuevos en el pensamiento del ministro. Es lo que cabe deducir de una conferencia que impartió en 2010 en la Fundación FAES, entonces como máximo dirigente de la consultoría Inspire.

Bajo el título La sociedad española ante la agenda de reformas Wert desgranó, invitado por la organización que preside José María Aznar, algunos de los cambios que él consideraba más urgentes en la legislación del Estado, entre los que destacaba la educación, ámbito en el que los cambios, decía, no debían comenzar por una mejor gestión de los recursos públicos sino, "antes que cualquier cosa", por los "valores". Wert atribuía los defectos del sistema educativo público a un "fracaso político" por las leyes vigentes, pero también por lo que él considera una "deriva democrática equivocada, que ha erosionado las bases del sistema y ha pervertido su funcionamiento".

En este sentido, el actual ministro no dudaba en afirmar que en las aulas existía ya entonces un "concepto abusivo e invasivo de comunidad escolar", basada en la "idea del cogobierno" por parte de "padres, alumnos, docentes y no docentes". "La comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático", zanjaba. Dos años después, ya desde el Ministerio, apuesta por sufragar o no centros privados en función de las preferencias lingüísticas de determinados padres y madres.

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sociedad.elpais.com: La reforma gira hacia la concertada

• La futura ley incluye puntos para garantizar la escuela subvencionada allá donde tenga demanda
• La patronal pide aún más concreción

La dicotomía entre escuela pública y concertada (privada subvencionada, a la que asiste el 25% de los escolares) ha sido una de las grandes discusiones de la educación española desde hace tres décadas. El problema no está resuelto y por eso sale a relucir, cada vez que se plantea una reforma legal, con una especie de lenguaje en clave cuyos matices pueden dar grandes argumentos jurídicos a unos u otros. Por ejemplo, cuando se habla de libertad de elección de las familias para elegir centro se quiere decir que si hay preferencia de los padres por la enseñanza concertada, eso estará por encima de la capacidad de las Administraciones de primar a la pública. Y decir que se debe tener en cuenta “la demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria persigue el mismo objetivo.

Y esto último, que las comunidades tengan en cuenta esa “demanda social”, es exactamente lo que dirá la ley si se aprueba el anteproyecto educativo que el martes presentó el ministro José Ignacio Wert a las comunidades. Tras un mes de deliberación después de que las comunidades del PP se quejaran del texto inicial, esa no es la única concesión que se hace a las peticiones clásicas de la escuela concertada: se elimina el representante del Ayuntamiento en el consejo escolar de sus centros y se pasa de un periodo máximo de cuatro años para renovar los conciertos a un mínimo de seis en primaria y cuatro en secundaria.Al fijarse un mínimo y no un máximo, se abre la puerta a la renovación automática que reclaman las patronales mayoritarias del sector: la de centros católicos FERE-CECA y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).

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