martes, 21 de julio de 2015

Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político educativo

Documento de bases para una nueva Ley de Educación.
Acuerdo social y político educativo

Versión del documento 4
10/7/2015

El derecho a la educación es un derecho universal que los poderes públicos están obligados a hacer efectivo para todos los ciudadanos y ciudadanas en términos de igualdad y, por tanto, de gratuidad. El instrumento para satisfacer tal derecho fundamental es la Escuela Pública, entendida como la institución que integra el conjunto del sistema educativo y de todos sus niveles, cuya regulación y garantía corresponde a las administraciones públicas.
La política educativa no puede ser sino una política pública; es decir, aquélla que es discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía. Por eso, el primer reto al encarar la política educativa reflejada en un Proyecto de Ley es oponerse a una concepción restringida y poco democrática en la forma de entender cómo se hacen las leyes, sometiendo el proceso de su elaboración a una actividad colectiva, lúcida y consciente, dirigida al análisis y cuestionamiento crítico del estado actual de la educación.
Un sistema educativo no puede construirse sin analizar el contexto histórico en el que se ha forjado ni sin contemplar las necesidades de las personas y comunidades a quienes va destinado. Reproducir o enfrentar la cultura dominante es una opción ética que debe tomarse. Esta ley tendrá que abrir caminos para hacer frente a la profunda inequidad social que nos rodea, la crisis de valores democráticos y a la grave crisis ambiental a la que se dirige de manera ciega nuestra cultura.
La construcción de un proyecto público no es un camino fácil, pues en dicho proceso se dirimen tensiones y enfrentamientos sobre el modo en que entendemos el mismo, así como a quiénes se reconoce como sujetos protagonistas de ese proyecto político.
Deseamos una educación que vertebre con coherencia los objetivos, los contenidos, las metodologías y la evaluación; funciones en las que se concreta y se expresa la acción educativa. Es importante que el aprendizaje no se disperse durante la formación del alumnado, para lo cual es necesario desarrollar núcleos de conocimiento interconectados de las diferentes materias, coordinar los departamentos y dar un sentido congruente a las etapas educativas. Esto implica la necesaria coordinación y trabajo en equipo del profesorado, promoviendo así la investigación, la colaboración y la innovación en los centros, haciendo posible la imprescindible revisión crítica de los currículos, desde una perspectiva cooperativa centrada en problemas relevantes de la condición humana en la sociedad actual.
La educación pública ha de estar abierta a la pluralidad de perspectivas y de opciones pedagógicas cuyo desarrollo sea compatible con los fines expuestos. Asimismo, ha de tener en cuenta la adecuación de los tiempos y espacios escolares, el tamaño del centro, el número de alumnos y alumnas por aula, la dotación necesaria de recursos y otras variables que garantizan un mejor ambiente de aprendizaje así como una escolarización de mejor calidad.
Se ha de contemplar la figura del profesorado como facilitador del proceso educativo y puente comunicativo entre los distintos agentes de la comunidad educativa (familias, profesorado y alumnado), entre sí y con el entorno. El cuidado emocional, la escucha activa y el aprendizaje significativo han de ser pilares de la acción educativa.
Es necesario un amplio acuerdo social por la educación pública que recoja las principales líneas de consenso y garantice la estabilidad del sistema educativo, así como establecer las vías de participación de la sociedad y la comunidad educativa. De forma inmediata es necesaria la derogación normativa de las leyes y normas que respaldan las políticas de recortes y las que segregan al alumnado, para lo cual proponemos y pedimos el compromiso de todos y todas por mejorarlo.
Y, sobre todo, no podemos permitir la existencia de un sistema educativo que no ponga en el centro de todas sus actuaciones al alumnado y su adecuada educación integral. El resto de cuestiones deben estar supeditadas completamente a este importante objetivo.
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Sometemos ahora a debate público este documento elaborado por una pluralidad de organizaciones sociales, de padres y madres, estudiantes, sindicales y políticas[1], con la pretensión de abrir un proceso de análisis, discusión y toma de decisiones, que implique al máximo de personas y colectivos con voluntad de transformar y mejorar el actual estado de la educación.
Entendemos también que este es un documento de amplio consenso; es decir, un documento que incorpora todas aquellas cuestiones en las que, a grandes rasgos, participamos y en las que estamos de acuerdo que contribuirán a lograr un sistema educativo basado en el reconocimiento de la educación como un derecho humano universal.



[1] Colectivos SocialesAmesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infància), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Junta de Portavoces de educación infantil, Proyecto Atlántida, Proyecto Roma y Stop Ley Wert / La educación que nos une que incluye a: Attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Europa Laica, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES (Investigación y Renovación Escolar), Rosa Sensat y Yo Estudié en la Pública.
Sindicatos de estudiantes: Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado.
Asociaciones de madres y padres: Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado.
Plataforma Crida de las Islas Baleares.
Sindicatos: Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación Stes-intersindical.
Partidos políticosIzquierda Unida, Partido Socialista Obrero Español, Podemos y Esquerra Republicana.

Lee el documento completo en este enlace.

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